El rector encargado de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo, no se ha posesionado oficialmente en el cargo.

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La Gobernación del Atlántico, en respuesta a un derecho de petición elevado por el exsecretario de Educación, Leyton Barrios, aseguró que el gobernador Eduardo Verano, como presidente del Consejo Superior, no ha realizado diligencia alguna relacionada con la posesión de Castillo como rector designado de UniAtlántico.

Asimismo, sostuvo la administración departamental, que no “cuenta con documentos, certificaciones o actuaciones administrativas que permitan resolver materialmente las solicitudes elevadas”.

Rachid Náder, secretario Jurídico del Atlántico, precisó que actualmente no existe ninguna orden de posesión por parte del Ministerio de Educación Nacional, que es en últimas la que tiene la competencia de pronunciarse al respecto debido a que fue esta cartera ministerial la que, a través de un acto administrativo, designó a Castillo como encargado de la alma mater.

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Lo anterior, en el marco de las funciones de inspección y vigilancia atribuidas por la Ley 1740 de 2014, particularmente en lo concerniente a la “verificación de requisitos, eventuales inhabilidades, posesión en el cargo y habilitación para el ejercicio de funciones administrativas, de representación legal u ordenación del gasto”.

De acuerdo con Barrios, existiría un riesgo jurídico para la Universidad el que Castillo no esté posesionado oficialmente en el cargo y consistiría — según dijo— en una “usurpación de funciones públicas”.

“El acta de posesión es requisito indispensable para ejercer legalmente el cargo (…) la designación por sí sola no reemplaza la posesión, incluso en escenarios de vigilancia especial por parte del Ministerio de Educación Nacional”, afirmó.

Sostuvo que esta situación genera incertidumbre jurídica para la comunidad universitaria, al tiempo que pone en riesgo las decisiones y acciones adoptadas debido a que podrían “ser cuestionadas por falta de competencia, afectando la estabilidad institucional”.

“Existe especial preocupación por la expedición reciente de diplomas, resoluciones y otros actos administrativos, cuya validez depende directamente de que la autoridad que los suscribe esté legalmente habilitada. La Universidad del Atlántico, como institución pública, no puede operar en un limbo jurídico, pues ello compromete la fe pública y la seguridad jurídica del sistema educativo”, apuntó el exsecretario.

No hay riesgo de ninguna actuación: MinEducación

Respondiendo a este interrogante sobre si es necesario y perentorio, o no, un acto de posesión del rector Castillo Pacheco, el Ministerio señaló a Zona Cero que “ni se necesita, ni existe riesgo alguno”. 

Sostiene que “el acto administrativo de asignación es  discrecional y no requiere una adaptación administrativa adicional para perfeccionarse”. 

“Es decir no es un acto administrativo mediante el cual el Consejo Superior tenga injerencia alguna y tiene efectos jurídicos, una vez se realiza la notificación en debida forma, lo cual se surtió en este caso”, añade la respuesta de la cartera de educación.

Sostuvo finalmente que en este orden de ideas no hay riesgo alguna en las actuaciones del rector, “una vez ejecutoriado el acto administrativo”.